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24
Octubre
2017

Planificación, información y participación ciudadana, las claves para evitar conflictividad social frente a proyectos de celulosa y papel

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Para el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de la Argentina, Diego Moreno, estos tres aspectos son claves para evitar “conflictos innecesarios” con la comunidad. “Pero no fueron tenidos en cuenta en el caso de la instalación de Botnia en Uruguay, y después el proceso derivó en un conflicto internacional con repercusiones sociales que se mantienen hasta hoy en la discusión, después de 10 años”, reflexionó el funcionario en la entrevista con ArgentinaForestal.com

 

 

 

 

Por Patricia Escobar

 

BUENOS AIRES (21/10/2017).- Para el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de la Argentina, Diego Moreno, estos tres aspectos son claves para evitar “conflictos innecesarios” con la comunidad. “Pero no fueron tenidos en cuenta en el caso de la instalación de Botnia en Uruguay, y después el proceso derivó en un conflicto internacional con repercusiones sociales que se mantienen hasta hoy en la discusión, después de 10 años”, reflexionó el funcionario nacional.

Desde la visión del ex director de Fundación Vida Silvestre Argentina, la política ambiental “tiene que ser preventiva y precautoria, así lo dice la Ley General del Ambiente de la Argentina. Hay que trabajar en estos proyectos industriales forestales sin desconocer la preocupación de la ciudadanía, porque es legítima. Los temores pueden ser fundados por falta de información técnica, por falta de diálogo, o por los mismos antecedentes que no han sido buenos anteriormente con estas industrias, donde había una tecnología que hoy ya es obsoleta y tienen que avanzar hacia un proceso de reconversión”, planteó Moreno.

Consideró que en el país rigen herramientas jurídicas preventivas que dan un marco para garantizar información a la comunidad. Sumado a ello, se dispone en el país “con el Ordenamiento Territorial que permitirá definir a futuro el sitio adecuado de un proyecto industrial de escala, con los mejores estándares de Estudios de Impacto Ambiental Estratégicos y en todo lo que tiene que ver el proceso de participación ciudadana. En el caso de Botnia, estos tres aspectos no fueron tenidos en cuenta o no se dieron, lo que derivó después en un conflicto internacional con un país vecino y con repercusiones que, a 10 años, todavía siguen con un nivel de conflicto”, remarcó.

El funcionario del gabinete de Mauricio Macri brindó un panorama de la situación ambiental de la Argentina, en el marco de la primera Conferencia de Inversiones Forestales del Cono Sur, realizada en Capital Federal. Y su presencia es ese espacio no fue menor, considerando que estaban presentes los potenciales inversores y los empresarios que integran una industria sobre la cual pesa más su imagen negativa desde la percepción social que sus beneficios desde lo ambiental, económico y social. Más allá de algunos antecedentes, principalmente los cuestionamientos se instalaron a partir del conflicto ambiental y político con Uruguay por la instalación de la planta finlandesa Botnia, hoy UPM, en Fray Bentos, y que se terminó por resolver en la Corte Internacional de La Haya, promovido por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo social por esta actividad se mantiene, incluso, se reavivó en el último mes con críticas al gobernador de Entre Ríos y al Presidente Macri, con llamados a nuevas movilizaciones por parte de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, como reacción al apoyo del gobierno a la Mesa de la Cadena Foresto-Industrial promovida por la Sociedad Rural Argentina para desarrollar este sector en el país y atraer inversores frente a la base forestal lograda en el nordeste argentino que demanda de una industrialización competitiva y que presenta un gran potencial de desarrollo, pero que exige de las mejores prácticas.

El antecedente del conflicto con Uruguay dejó secuelas “profundas” según manifiestan los mismos empresarios e inversores. Por ello, una de las preguntas esperadas en la Conferencia realizada la semana pasada -pero que no surgió públicamente entre los asistentes ante la presencia de los funcionarios nacionales-, hubiera sido consultar sobre cómo el gobierno nacional garantizará a los inversores externos la factibilidad de estos proyectos sin que se genere un conflicto social, cómo garantizarán la participación ciudadana en el proceso de los mismos frente a la conciencia social del cuidado ambiental y el prejuicio que existe sobre esta industria (reaccionaria por sobre cualquier otra industria que contamina incluso aún más que la celulosa y papel si no cuenta con la tecnología adecuada para el tratamiento de sus efluentes); o cuál sería el protocolo de monitoreo transparente y público, o si se avanzará en la discusión de una Ley de Presupuesto Mínimos para la Industria de Celulosa y Papel que permita establecer los estándares ambientales que generen reglas claras, etcétera.

 

 

En la entrevista exclusiva con ArgentinaForestal.com, el funcionario respondió algunos de estos interrogantes, marcó su visión del conflicto y definió cuál es la gestión ambiental con la que están trabajando con la industria de Celulosa y Papel desde el organismo nacional.

AF: ¿Desde el Ministerio de Ambiente están trabajando en una Ley de Presupuestos Mínimos para establecer los mejores estándares ambientales en la industria de Celulosa y Papel en el país? Considerando el antecedente del conflicto con Uruguay, frente a la preocupación por contaminación que se instaló en el colectivo social a partir la instalación de la planta de Botnia sobre el río y frente a Gualeguaychú (Entre Ríos), más allá de que se traten de compañías que utilizan las mejores tecnologías disponibles a nivel internacional, es el Estado Argentino el que deberá garantizar esto a la sociedad.

DM: No. No estamos trabajando en ningún proyecto de Presupuestos Mínimos para la industria de Celulosa y Papel, pero si considero que es un tema sobre el cual nos debemos aún un debate a nivel nacional sobre todo lo que ocurrió con el caso de Botnia y el conflicto con Uruguay. Viendo ese caso en particular, debemos plantearnos de qué manera podemos anticipar escenarios de conflictos y tener un espacio para volcar mejor la información a la ciudadanía, de manera de poder llevar tranquilidad. También, es necesario analizar de qué manera podremos asegurar que estos potenciales proyectos nuevos apliquen la mejor tecnología disponible en sus procesos productivos; y de qué manera podremos prever, desde el punto de vista del Ordenamiento Territorial, la mejor ubicación para la instalación de un proyecto de las características que se pretende instalar en la región, frente a la superficie forestal disponible.


AF: Se deben dar garantías y previsibilidad al inversor externo, pero el rol del Estado también es dar garantías a la sociedad que plantea sus temores por los riesgos ambientales o de salud que consideran existen frente a estos proyectos. Por otro lado, hay una mayor toma de conciencia de los derechos ambientales.

DM: Totalmente. Y tenemos un marco a nivel país con la Ley General del Ambiente, que es un instrumento que daría garantías para que esto ocurra en un marco razonable, sumado al Ordenamiento Territorial y los procesos de evaluación de impacto ambiental estratégicos que hacen una evaluación previa al desembarco de proyectos industriales, con una mirada ambiental sobre las políticas, los planes y programas de gobierno que promueven los distintos sectores.

Estas son las herramientas que tendríamos que empezar a usar mas asiduamente para prevenir conflictos innecesarios, que muchas veces tienen que ver con temores de la sociedad generados por la falta de buena información presentada a tiempo y de manera transparente, confiable; o por falta de participación de la sociedad en el proceso.

Aunque, en muchos de los casos, es una realidad y también se debe entender que la preocupación fue fundada por algunos antecedentes no muy buenos de la historia de esta industria o que existieron en los sectores productivos.

 

 

AF: Considerando que la gestión del Presidente Macri apunta a atraer estas inversiones: ¿tienen un mapa actualizado del estado de situación de las industrias de Celulosa y Papel, los procesos y tecnologías que utilizan las 55 plantas instaladas en el país?

DM: Si. Sabemos que se realizaron inversiones en algunas plantas con el objetivo de mejorar sus procesos y optimizar su tecnología. En el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en un programa de Reconversión Industrial (PRI) y el año pasado se han firmado convenios con Misiones, por ejemplo, donde uno de los principales focos es la industria de celulosa y papel. De hecho, uno de los primeros convenios del PRI que fueron firmados incluso fue con Arauco Argentina, instalada en el norte de la provincia.

Es una línea que iremos trabajando, afianzado con políticas de fondo, por medio de los instrumentos que disponemos con las industrias que ya existen y que, en algunos casos, tienen una tecnología que ya son obsoletas y que serán necesarias actualizarlas para reducir los riesgos ambientales a los que están asociadas.


AF: ¿Y cuál es su visión sobre lo que sucede con los asambleístas en Entre Ríos que rechazan esta industria y que están en alerta y movilizados ante estos primeros anuncios de apoyo al desarrollo foresto-industrial?

DM: Creo que es parte del desafío que tenemos hacia adelante. La política ambiental tiene que ser preventiva. Hay que trabajar en esos casos no desconociendo la preocupación de la ciudadanía, porque es legítima. Ya sea por falta de información técnica o por los antecedentes que existieron y que no han sido buenos.

Esas herramientas preventivas tienen que darse sobre estos tres aspectos claves, en el marco del Ordenamiento Territorial, con los mejores estándares de Estudio de Impacto Ambiental Estratégico, y en todo lo que tiene que ver con el proceso de participación ciudadana. En el caso de Botnia, estos tres aspectos no fueron tenidos en cuenta o no se dieron en aquel momento. Esto fue lo que derivó en un conflicto internacional con un país vecino y con repercusiones que, a 10 años, todavía siguen. Esta misma discusión que está instalada hoy, tiene que ver con eso.

La conflictividad ambiental puede seguir creciendo, en la medida que no se consideren estos aspectos mencionados, por lo tanto, es clave la planificación preventiva, la participación ciudadana y la buena información. Esto no solo hace bien a la sociedad en su conjunto, sino también le da seguridad y garantías al sector privado/inversor .


Palabra autorizada

Diego Moreno, actual funcionario del gobierno de Cambiemos, tiene una vasta trayectoria profesional y militancia ambiental. Biólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, desde 1992 hasta 1996 estuvo involucrado en iniciativas ambientales relacionadas con áreas protegidas, trabajando con ONGs ambientales y en la Administración de Parques Nacionales. En 1996 comenzó a trabajar para la Fundación Vida Silvestre Argentina, donde estuvo a cargo del Programa de Conservación Privada, que abarcó buenas prácticas ambientales en la gestión de actividades productivas y diálogos constantes con las partes interesadas. Participó en el Grupo de Trabajo del FSC en Argentina, desarrollando estándares e indicadores para el manejo forestal responsable. En 2007 fue nombrado Director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Fundación Vida Silvestre, donde estuvo involucrado en el proceso de construcción de la Ley Nacional de Bosques Nativos, impulsando la agenda de pesca responsable y el desarrollo de herramientas financieras para las buenas prácticas en los diferentes sectores productivos. Entre 2008 y 2015, fue Director de la Fundación Vida Silvestre, hasta que en diciembre de 2015 fue convocado por el Presidente Macri para ejercer la posición de Secretario Nacional de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible.

 

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