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21
Noviembre
2016

Las enseñanzas del caso Botnia

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En vez de clarificar y decir la verdad, el anterior gobierno populista alentó de forma deliberada un equívoco que afectó seriamente los vínculos con Uruguay.

Editorial del Diario La Nación

 

BUENOS AIRES (20/11/2016).- Los Gobiernos de la Argentina y Uruguay acordaron la publicación de los resultados de las mediciones realizadas por el Comité Científico de la Comisión Binacional Administradora del Río Uruguay (CARU) en la planta celulósica de Fray Bentos. Estos resultados se habían mantenido en secreto por pedido del gobierno argentino durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Esta actitud hacía suponer que las mediciones de la contaminación producida por la planta no confirmaban las presunciones que habían movilizado a una grave y prolongada protesta de la comunidad de Gualeguaychú. El presidente Néstor Kirchner había acompañado la movilización como "una causa nacional".

 

Las mediciones ahora conocidas fueron realizadas entre julio de 2011 y junio de 2015 en la descarga de líquidos de la planta y también en la desembocadura del río Gualeguaychú. En la primera localización se detectaron menos de una decena de apartamientos de las normas, aunque se aclara que en todos los casos la empresa corrigió los desvíos. Por lo contrario, las mediciones en la desembocadura del río Gualeguaychú mostraron contaminación por sobre los límites admisibles en todas las muestras extraídas durante los cuatro años. Se detectaron allí presencias de hierro, aluminio, berilio, hidrocarburos y amonio. En definitiva, la planta celulósica cumple con las normas ambientales, mientras que industrias y efluentes de la ciudad de Gualeguaychú contaminan el río que la atraviesa.

 

El caso que denominamos Botnia, por el nombre de la compañía finlandesa que proyectó, construyó y operó inicialmente la planta, constituye un tema de estudio acerca del mal manejo y del empleo político de la comunicación. Fue un ejemplo de una errónea administración gubernamental de problemas ambientales.

 

Es bien conocida la preocupación de este diario por la preservación del ambiente y por la conservación de la naturaleza. Estas columnas editoriales han expuesto reiteradamente la necesidad de actuar frente al fenómeno del calentamiento global y han promovido permanentemente acciones para combatir la contaminación. Sin embargo, en cuatro oportunidades se advirtió del error de no considerar los informes técnicos y todos los antecedentes que aseguraban que la planta de Botnia (hoy UPM) cumplía las normas ambientales.

 

Por primera vez, el 18 de abril de 2006, decíamos: "La población de Gualeguaychú deberá informarse en profundidad de todos los estudios y documentos ya elaborados y poner atención en los pasos que los demás protagonistas deben desarrollar para disipar totalmente los riesgos de contaminación. Sobre esta base deberán superar sus temores y dejar sin efecto los cortes de rutas y puentes, que sólo implican ilegalidad y daño a las comunidades de dos países que deben resolver esta cuestión como hermanos".

 

En efecto, las reacciones colectivas no se compadecían con los informes técnicos de respetado origen.

 

Se produjo un fenómeno de pánico colectivo del tipo que describen los tratados de psicología de masas. Comenzó impulsado con relatos que, ignorando los avances en la tecnología, se referían a plantas celulósicas antiguas, que eran efectivamente contaminantes.

 

Esos mismos comunicadores hablaban de consecuencias apocalípticas sobre el río Uruguay y la ciudad de Gualeguaychú. Con una convicción que no parecía dejar dudas, pronosticaban el envenenamiento de peces y aves, graves enfermedades, olores insoportables y playas inutilizadas.

 

Esas imágenes movilizaron a la población afectada en defensa de su propia vida y la de sus hijos. Quien intentare argumentar en contrario, aun con fundamentos técnicos, era considerado un traidor a una causa común y se lo suponía "comprado" por los intereses de Botnia. Esta empresa hizo un esfuerzo de comunicación e invitó a asambleístas y periodistas a visitar plantas de última generación en Finlandia similares a la de Fray Bentos, construidas sobre lagos interiores de los cuales se extraía el agua potable sin contaminación, pero no logró revertir la movilización en su contra.

 

Los asambleístas, casi sin excepción, rechazaban la invitación. Algunos periodistas que viajaron no se animaban a escribir sobre la realidad que habían observado. No sólo la comunidad hubiera sospechado de ellos, sino que además un gobierno que solía atacar a la prensa podía actuar sobre ellos de alguna manera perversa.

 

El 12 de junio de 2006, la Academia Nacional de Ingeniería presentó a la Presidencia de la Nación y al ministro de Relaciones Exteriores un estudio titulado "Documento sobre las plantas de pasta celulósica a orillas del río Uruguay". No lo hizo público porque el Gobierno acababa de iniciar un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y de lo que se trataba no era de atacar, sino de evitar mayores errores.

 

El documento, que consideraba la operación conjunta de las dos plantas que Uruguay había autorizado, terminaba: "En conclusión, los parámetros ambientales resultantes de la operación de las plantas estarán dentro de los límites estrictos de normas ambientales. De acuerdo con ello, no se esperan efectos adversos sobre la salud o la biodiversidad y no se generará contaminación sobre costas y territorio argentinos".

 

Igualmente, la academia consideraba necesario, luego de la puesta en marcha, el monitoreo ejecutado por la entidad que representa a ambos gobiernos.

 

La reacción de la Cancillería frente al documento fue fuertemente negativa. Los miembros de la referida academia que concurrieron a una citación no pueden olvidar el tono agresivo y escasamente profesional de la reprimenda que les brindó el funcionario responsable del tema.

 

El resultado de la presentación ante La Haya fue el esperado. No se accedió al reclamo argentino de detener la construcción por no haber ningún fundamento para demostrar que la planta contaminaría. En otro sentido se le dijo al gobierno uruguayo que no había respetado los procedimientos de consulta acordados en el Estatuto del Río Uruguay. Una forma de compensar con una formalidad la otra parte verdaderamente relevante del fallo, que les daba la razón a los técnicos y a Uruguay.

 

La enseñanza que deja este largo y lamentable proceso es que en cuestiones ambientales es fundamental respetar la opinión seria de técnicos independientes.

 

Resulta fácil para líderes políticos apelar al temor colectivo en casos donde se puede presumir contaminación. Planteada la amenaza de una situación catastrófica, se puede distinguir a los buenos como la comunidad en peligro a la que el político dice defender, y al malo en la empresa industrial o minera acusada de intentar aumentar sus ganancias sin escrúpulos para enfermar y matar.

 

La utilización del caso Botnia atrajo a un gobierno populista, que en vez de clarificar alentó de manera deliberada un equívoco que movilizó a ciudadanos normales a cortar un puente de frontera durante años, provocando inmensos daños económicos y personales.

 

Además, habiendo conocido ese gobierno los informes técnicos de instituciones internacionales y nacionales independientes, puso igualmente en juego a la Corte de La Haya y afectó severamente las relaciones con un país hermano.

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