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29
Septiembre
2014

El cumplimiento legal no asegura la licencia social de un proyecto

Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Foto: Acchivo LignumExpresó Paula Nieto, abogado experta en temática ambiental. La profesional entregó las claves al sector privado a la luz de la nueva institucionalidad ambiental. "Podemos sacar la lección que el cumplimiento legal es el piso, pero no asegura la licencia social de un proyecto. Hay que sociabilizar con la comunidad y explicarle lo que significa el proyecto", señala la especialista.

Fuente: Diario Concepción

 

CHILE (29/09/2014).-  “La regulación es la dimensión más importante de la institucionalidad ambiental. Ella fija los contornos donde se pueden desenvolver las restantes dimensiones de gestión y de fiscalización. Por lo mismo, si se pretende que estas últimas funcionen de manera predecible, es necesario contar con normas adecuadas”.

 

Las palabras corresponden a Matías Guiloff, de su libro “Nueva institucionalidad ambiental: hacia una regulación deliberativa”, y fueron utilizadas por la abogada y docente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Paula Nieto, experta en asesorías medioambientales y certificaciones, quien entregó las claves que deben entender ingenieros y desarrolladores de proyectos de inversión a la luz de la nueva institucionalidad.

 

¿Qué debe tener claro de partida el sector privado ante la nueva institucionalidad aún en implementación?

 

Lo primero es tomar conocimiento de los cambios de relevancia que hay y no temer a la fiscalización ambiental de la Superintendencia, al contario, ésta da un marco regulatorio y una certeza jurídica a la operación. De hecho, puede ser ventajoso, porque todas las fiscalizaciones son públicas. Incluso hay un sistema nacional de fiscalización ambiental, que será de acceso al público, y es lo que se ha llamado el ‘prontuario’ ambiental. Eso agrega valor a la empresa Efectivamente, si la empresa se porta bien y tiene un buen prontuario ambiental, se le agrega valor a esa entidad.

 

¿Cómo entendemos casos como el de Endesa y su central Bocamina?

 

Podemos sacar la lección que el cumplimiento legal es el piso, pero no asegura la licencia social de un proyecto. Hay que sociabilizar con la comunidad y explicarle lo que significa el proyecto.

 

¿Cuáles son los desafíos en materia ambiental?

 

Aún tenemos muchas falencias normativas. Nosotros no tenemos regulado todo, y hay algunas normas que aún son un poco laxas. Por eso el desafío es mejorar normativas. Hay normas pilares a abordar, como la relacionada al manejo de cuencas hidrográficas y las normas de compensación sociales, por ejemplo. Es importante que se dicten y tengan una relación holística con todos los proyectos y actividades que se pueden desarrollar en el país.

 

¿Y la consulta indígena?

 

Es un gran tema para dar cumplimiento con el Convenio 169 de la OIT, lo que implica un gran cambio en la forma de plantear los proyectos, cuyos desarrolladores deben contemplar la consulta a los pueblos originarios de acuerdo a sus creencias y estamentos, ojalá, en su idioma. El nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es sindicado como causa de entrampamiento de proyectos.

 

¿Qué opina?

 

Tiene más requerimientos, pero muchos de ellos formales. Y muchas de las iniciativas que no han pasado el primer filtro de evaluación ambiental, solamente refleja desconocimiento de las consultoras, porque son aspectos formales, no de fondo.

 

¿Qué mensaje entregarías al mundo privado a la luz del nuevo escenario?

 

Podríamos citar a Michael Porter, quien señala que muchas veces cuando nos vemos enfrentados a normativas más restrictivas, las empresas se vuelven más eficientes.

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